Como les mencioné en la parte 1, el tema de la inmigración ilegal es complejo. Principalmente porque la falta de control lleva a que se incremente la criminalidad en las zonas fronterizas y se expanda a otras ciudades que no son fronterizas, como el ejemplo de Springhill, Ohio. Este caso es muy interesante, ya que los refugiados que han sido llevados a este estado pequeño, a un pueblo de sesenta mil personas, son los haitianos que rescataron después del terremoto de Haití, un terremoto que ha sido publicitado cientos de veces, ya que la Fundación Clinton se ocupó de juntar plata para los damnificados, dinero que nunca llegó a Haití, más bien a los bolsillos de los políticos, pero la mediática se encargó de publicar los escándalos asociados a esta catástrofe natural.
En el medio de este evento devastador se trajeron diferentes grupos de refugiados, muchos de los cuales están en el estado de Florida y yo he estado en uno de sus barrios en el área de Sarasota, pero se han reportado noticias de que han mandado veinte mil refugiados a un pueblo de sesenta mil personas, o sea, la tercera parte, y eso está trayendo problemas a la población por su comportamiento, como por ejemplo agarrar los patos de los parques, que allí nadie los toca ni nadie toca los animales sin una razón, menos aun los que están en lugares públicos, para luego degollarlos y caminar con los patos degollados por la calle. También matan gatos u otros animales que encuentran para comérselos, pues parece ser que Haití, al contrario de su vecino República Dominicana, es un país muy pobre y donde la gente vive en modo de subsistencia.
La gente se está empezando a levantar, aunque los han tratado de ayudar, pero no al grado de dejarlos poner colchones en los jardines, cosa que ocurre. No es muy claro por qué la policía no actúa, pero bajo anonimato por miedo a las represalias le han dicho a un reportero que les han ordenado no meterse con los refugiados, no importa las leyes o reglas que rompan. La gente está desesperada, ya que también ha habido más robos y más violaciones desde que llegaron, y esto es solo en una pequeña ciudad.
Estos acontecimientos no son casualidades, pues los haitianos fueron llevados allí para interrumpir la civilidad de una sociedad que está acostumbrada al orden, y también para provocar resentimiento y frustración del americano medio que no se siente protegido por los que imponen la ley, a pesar de que son los que pagan los sueldos de todos los que trabajan en los gobiernos. Otra noticia que salió publicada recientemente se refiere a miembros de una banda criminal venezolana (gang) llamada el Tren de Aragua, actuando en un pueblo de Colorado llamado Aurora, aunque allí la policía ya arrestó a diez miembros de esa banda. Nos preguntamos cómo esos miembros llegaron al territorio y a un estado que está en el medio del país. Si a eso le sumamos la gente que está entrando en el país, ya no con estatus de refugiados sino ilegalmente, nos encontramos con una fórmula para el desastre, pero no podemos dejar que una buena crisis se desperdicie. ¿Qué pasa cuando los que vienen con las soluciones son los que produjeron las crisis o ayudaron para que existieran?
Nada nuevo bajo el sol. En el año 1966 los sociólogos americanos Richard Coward y Frances Fox Piven crearon un plan estratégico en el cual se iban a crear grupos militantes llamados de “antipobreza”, esto con el fin de inundar y, por lo tanto, discapacitar el sistema de ayuda social para provocar una crisis política que forzara la creación de un sistema de salario mínimo universal y la redistribución del salario a través del gobierno federal. Esta estrategia no funcionó, todo lo contrario: creó generaciones que dependen totalmente del sistema social de ayuda y no han trabajado en su vida, pero el salario mínimo nunca se logró implementar en la mayoría del país.
Ahora los pocos estados que tienen esa regulación de salario mínimo, como California, son los que necesitan más mano de obra barata, porque si el dueño de un restaurante o café no puede pagar el salario mínimo, no tiene más opciones que contratar a alguien en negro, o sea, un ilegal que no va a reclamar nada o puede hacerlo, o cerrar el negocio. En resumidas cuentas no es justo para nadie desde el punto de vista ético. La gente que se ve más afectada son los dueños de pequeños negocios y gente independiente o compañías de no más de cien empleados, no estamos hablando de megacorporaciones, estamos refiriéndonos al verdulero de la esquina o la tintorería que a lo mejor tienen un par de empleados, o la oficina de mensajería, los bares, los cines o los negocios de electrodomésticos que encontramos en cualquier centro urbano.
Aunque toda explotación debe ser desanimada y los trabajadores tienen el derecho y la obligación de unirse para defender sus trabajos, como la misma Doctrina Social de la Iglesia lo asevera, el acuerdo debe ser entre las partes interesadas y no digitado desde afuera. En California bastantes lugares cerraron sus puertas dejando a muchos en la calle desde que subieron el mínimo a USD $15 la hora, y los que no han cerrado tienen a menos empleados trabajando el doble con la correspondiente baja en el nivel del servicio, porque no es magia, pues nosotros, como consumidores, estamos al final de la línea y también somos los afectados.
La última reflexión es acerca de cómo cambió el tapiz de los ilegales, pues antes eran familias o mujeres con hijos, pero la gendarmería de frontera ha notado que en los últimos años la mayoría son hombres jóvenes y niños solos que supuestamente un familiar los están esperando del otro lado, es lo que dicen. Pero la policía ha notado por las cámaras que la misma persona va a reclamar a varios niños diferentes y se hacen pasar por los padres o tíos, y no hay forma de identificar a esos niños porque no tienen pasaporte o algún documento que atestigüe quiénes son. Esto es alarmante, ya que es tráfico de personas, y una vez que esos niños entran en el país se pierden para siempre. Sin un nombre no existimos como entidad legal y no existimos para el sistema, y en el caso de los niños es mucho peor porque ellos no se pueden defender y no tenemos idea de adónde van a parar.
Esta es la realidad que estamos viviendo en este país, aunque es un país enorme y puede contener a la población del mundo; por esa razón misma del tamaño de este país es imperante que tenga más control de su territorio y conocimiento de quiénes llegan y quiénes se van, pero, por el contrario, lo que vemos es que está pasando lo que en Europa con grandes cantidades de personas que se mueven en las sombras y terminan siendo víctimas del sistema.
En otra vuelta de página, California está pensando en darles 150 mil dólares a los ilegales para que se compren una casa. Aparte de ser injusto, porque un joven que tiene un trabajo promedio no se puede comprar una casa, ¿cómo piensan controlar que el dinero sea para una casa y no sea para comenzar un negocio ilegal? O ser usado para cualquier otra cosa. Y si se compran la casa, ¿cómo van a pagar los impuestos?, ¿también se les dará dinero para ello?, ¿y cuánto para pagar la hipoteca? Porque nadie compra nada con 150 mil dólares en California, y lo más importante es que todo ese dinero viene de los legales que vivimos aquí y nadie nos preguntó nada. En muchos sentidos trabajamos para un sistema esclavista, un Gobierno que nos cobra por ganar dinero, un Gobierno que, como una mafia, exige su porcentaje y al mismo tiempo usa nuestro dinero, pero no para el mejoramiento y mantenimiento de los lugares donde vivimos, sino para cosas que no justificamos. Sí, ¡otra idea con falta de brillantez!
Hay muchos niveles de análisis en este tópico y cada uno tendrá su historia, pero, en resumen, estos grandes movimientos de personas están especialmente en el mundo occidental y solo ciertos países están siendo el objetivo. Kalargi, plan o no, el mundo de Occidente está siendo decapitado una cabeza a la vez.
